Aurelio Nuño, el incendiario

POR CECILIA SOTO

La mala fama de esta organización sindical prevaleciente entre las buenas conciencias urbanas —entre ellas la mía— alimentada por movilizaciones incesantes y molestas en la capital de la República, bloqueos en carreteras,  por violencia en la capital oaxaqueña y, sobre todo, por una cultura corporativa antidemocrática de supeditación ciega a la dirigencia sindical me hizo creer en las acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República y propaladas por medios y columnistas afines al gobierno.

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Con mi llegada a la Cámara de Diputados con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, tuve información de primera mano sobre el caso mencionado. Tiene razón Juan Méndez, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos: La tortura en México es sistemática y extendida en la mayoría de los sistemas policiacos y de procuración de Justicia del país. Con el sistema inquisitivo que acabamos de dejar, la presunción de inocencia eran meras palabras y siendo la confesión la reina de las pruebas, la tortura se constituyó en un método eficiente para apresurar confesiones de delitos realmente cometidos o lograr confesiones de delitos inventados convenientemente para la autoridad.

Ése es exactamente el caso de David Vargas Araujo, quien era asesor de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la 62 Legislatura por trabajar con la diputada federal Rosario Merlín García, del PRD. Vargas viajó en mayo de 2013 a Oaxaca a atender un proyecto productivo cuando fue detenido al salir de un centro comercial. Fue torturado bárbaramente durante 30 horas: toques eléctricos, intentos de ahogamiento, asfixia mediante bolsa de plástico, golpes repetidos, amenaza de tirarlo del avión durante su traslado aéreo (aquí encontrará su caso http://www.ac-dv.org/david-vargas-araujo-mexico/). Al llegar a la Ciudad de México, su defensor de oficio le recomendó declararse culpable para “que te dejen de chingar”. Enfermo cardiaco grave y padre de dos hijos, temeroso de morir en la tortura, Vargas firmó una declaración prefabricada que le presentaron en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR en la que se autoinculpa y culpa a otros 12 detenidos. Su declaración coincide con la de Enrique Guerrero, joven ajedrecista de la UNAM, coacusado y también torturado bárbaramente. La CNDH declaró que “no sabe si sí o no lo torturaron”, pero  dos expertos independientes aplicaron el Protocolo de Estambul(*) y concluyeron que las torturas fueron ciertas.

Así como ya no puedo creer en las acusaciones contra David Vargas Araujo, tampoco puedo creer en las acusaciones contra los maestros de la CNTE, coacusados en el caso del secuestro de los niños Álvarez Banfield. Y tampoco puedo creer en las acusaciones contra los dos dirigentes sindicales detenidos hace unos días, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario general y secretario de organización,respectivamente, de la CNTE. Así como durante la tortura de David Vargas se le pedía vincular a Jesús Zambrano y al PRD con actividades delictivas y con el secuestro de los Álvarez Banfield, parece evidente que los delitos de que ahora se acusa a los dirigentes de la CNTE son instrumentos de presión política, por cierto ejecutados convenientemente unos cuantos días antes de que el nuevo sistema acusatorio y los juicios orales entrasen en vigor.

Ya dije que los métodos de protesta y control de la CNTE me dan sarpullido y en ocasiones franco repudio. Pero es una organización claramente mayoritaria en estados como Oaxaca, Chiapas y Michoacán y demandan un punto importantísimo y legítimo: el método para llevar a cabo las evaluaciones, cuestionadas hasta por los maestros del estado de Nueva York en Estados Unidos, debe consensuarse entre autoridades y quienes están al frente de grupos. La represión per se, el camino que miopemente ha escogido el secretario Aurelio Nuño, sólo puede incendiar la pradera… que está bastante seca.

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